El personal administrativo atiende puntualmente cada una de las necesidades económicas, para garantizar su efectivo cumplimiento de las atribuciones del Instituto, atendiendo los principios de disciplina y racionalidad financiera.

ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS: DISCIPLINA Y RACIONALIDAD.

Durante estos siete años de vida institucional, una de las principales preocupaciones ha sido la de transparentar a través de las vías legales que rigen a nuestro Estado, los recursos públicos que nos son otorgados. .

En esta tesitura, me permito informar sobre el empleo del presupuesto aprobado por el H. Congreso del Estado para el ejercicio fiscal del año 2014 (12,987,000 pesos), así como también del año 2015 (13,304,000 pesos), destacando que el empleo del mismo ha estado sujeto en todo momento a los criterios de racionalidad, eficiencia, austeridad y pertinencia en su aplicación.

Lo anterior con la finalidad de atender las necesidades generadas por el gasto corriente, así como también para solventar los proyectos de capacitación y difusión en materia de derecho de acceso a la información, fijados en el Plan de trabajo del ITAIT y que previamente han sido aprobados por el Pleno de este Instituto. De igual forma, el uso responsable de los recursos humanos y financieros, ha permitido sustanciar en su totalidad los Recursos de Revisión interpuestos por los solicitantes de información pública ante el ITAIT, tal y como lo señala la Ley de Transparencia y Acceso a la Información de Tamaulipas.

En el futuro, el Instituto de Transparencia continuará aplicando los criterios de racionalidad mencionados al inicio, así como también seguirá elaborando las estrategias idóneas para difundir y promover el derecho de acceso a la información a lo largo y ancho del territorio tamaulipeco.

Reto que adquiere un grado mayor de dificultad al incluir la variable de extensión territorial y densidad demográfica, pues la población de Tamaulipas se encuentra dispersa y concentrada casi en un 80%, en los 11 principales municipios del Estado, localizados en la frontera norte y en la zona conurbada del sur, generando una presión financiera para alcanzar una cobertura estatal de sus actividades centrales: difusión y capacitación del derecho a la información.

Aunado a lo anterior, la Reforma Constitucional al artículo sexto promulgada en el año 2014 y la promulgación de la Ley General de Transparencia en mayo de 2015, representan un reto aun mayor para el Órgano Garante, ya que las obligaciones de transparencia se ven incrementadas sustanciosamente con estas reformas, de igual manera el número de sujetos obligados sufre un incremento, lo que aumentará la dinámica de difusión y capacitación para el Instituto de Transparencia.